El concepto de “inclusión financiera” se ha vuelto enormemente popular y se utiliza prácticamente para todo. Posiblemente la aceptación más común es la que se refiere a dar acceso a servicios formales a las poblaciones más vulnerables o no alcanzadas por esos servicios, generalmente a productos de ahorro y crédito.
En América Latina, cerca del 49% de la población no tiene acceso a servicios financieros formales bancarios y, por lo tanto, son “excluidos”. Otros argumentan que esa cifra es mucho mayor cuando se trata de acceso a crédito.
Nosotros hemos cuestionado este concepto de “inclusión” y muchas de las estrategias orientadas a su supuesta superación. Hemos dicho, por ejemplo, que el concepto de “inclusión” referido a servicios formales, es estrecho, pues no considera el enorme número de transacciones que tiene un alto valor agregado para los usuarios, pero que no se hacen desde los mecanismos formales. Dentro de mecanismos informales continúan ocurriendo la mayoría de las transacciones financieras. Sin que esto signifique “mala calidad”. De hecho, algunos pueden ser de bastante calidad, si con ello entendemos facilidad de acceso, costo al usuario y usabilidad. En nuestro libro “la Otra Micro finanzas” (gratis en www.fundefir.org) pueden ampliar la argumentación.
Por otro lado, bajo ese concepto de “inclusión” se esconde una cantidad de prácticas y estrategias cuyos resultados podrían ser muy dañinos en el largo plazo. Lamentablemente en este tipo de experimentos sociales, los resultados no se ven sino a muy largo plazo. Si hubiésemos entendido, por ejemplo, el verdadero impacto que el micro crédito tendría contra la pobreza, seguramente no se hubiesen hechos las enormes inversiones para impulsar esta industria, ahora altamente cuestionada por las dudas que quedan al medir el real impacto que ha tenido sobre la pobreza.
Se habla también de “inclusión” vía las transferencias condicionadas que han implementado muchos gobiernos. La gente ha sido forzada a abrir cuentas con el único propósito de recibir estas transferencias. Esto sin duda pueda haber facilitado la velocidad de las transacciones y quizás ha contribuido a una mayor transparencia, pero pretender decir que con ello se ha logrado “incluir” a la población, es no considerar el poco uso real que la población hace de esas cuentas.
Otro ejemplo ha sido el de las llamadas “plataformas de crédito” enmarcadas dentro del muy amplio concepto de Fintech. La justificación de muchas de sus operaciones se hace bajo el supuesto concepto de “incluir” a las poblaciones no atendidas. Se argumenta que estas plataformas facilitan el acceso de la población “excluida”. Sin embargo, lo que no se explica, es que la gran mayoría de ellas lo hace a costos tan elevados para el usuario, que fácilmente compiten con los usureros del barrio. Un análisis rápido a dos de estas plataformas en Colombia, por ejemplo, muestran tasas superiores al 130% anual. Si las comparamos con los prestamistas normales de un barrio colombiano, veremos que, a esos costos, la inclusión luce poco atractiva.
Estos son algunos ejemplos que nos permite mostrar las distorsiones del concepto de “inclusión financiera” y evidenciar que el mismo está sirviendo para justificar prácticas o estrategias, de cuyos resultados posiblemente nos arrepentiremos en el largo plazo.
Pensamos que el concepto que debe guiar estas nuevas políticas, incluyendo el tema de las fintech, debe ser el de “bienestar Financiero”, aunque éste no haya sido claramente definido. Para nosotros, es más amplio que la inclusión y hace referencia a tres elementos subyacentes:
Accesibilidad a productos y servicios financieros de calidad, es decir, a servicios adaptadas a los flujos económicos y financieros de las personas. Esto lo podríamos entender como “Inclusión”, pero no exclusivamente relacionado a los servicios formales, ya que algunos mecanismos informales se ajustan mejor a las condiciones de las personas, especialmente si esas personas son “pobres”.
El otro elemento subyacente es el de tener acceso a información que permita tomar decisiones financieras acertadas. Esto implica educación financiera de calidad, o, en otras palabras, adaptada a las condiciones de la persona en términos de verdadera comprensión.
Otro elemento clave que envuelve el concepto de “bienestar financiero” es el de generar para afrontar emergencias o imprevisto financieros. A esto le decimos capacidad para generar “amortiguadores de la pobreza”. Esto implica tener verdadero acceso a servicios y productos que permitan desarrollar esta capacidad. Se trata de tener acceso a servicios complementarios, tales como seguros diversos (vida, funerarios, de salud), fondos de pensión, programas de vivienda y programas de educación entre otros.
Para poder facilitar este acceso, se requiere, por un lado, el diseño de esos servicios y productos para que se ajusten a los flujos de ingresos de esas familias, así como a sus condiciones culturales y emocionales y por el otro, una estrategia que permita re-direccionar el gasto de las familias hacia estos bienes y servicios. El bienestar financiero, por lo tanto, implica estrategias más amplias que el simple acceso a los servicios formales y debe apuntar también hacia la calidad del gasto de las familias.